El blog de Justito El Notario Nihil prius fide & nihil prius manducare
Introducción
Con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, he sido designado presidente de una mesa electoral. Como los notarios estamos de guardia los dÃas de elecciones, tenÃa que presentar la correspondiente excusa para quedar relevado de esa obligación.
Sin embargo, se me planteó una duda: yo no vivo en la población en la que tengo demarcada mi notarÃa, y pensé que, al presentar la excusa, alguien podrÃa decirme algo asà como: «Muy bien, usted estará de guardia el dÃa de las elecciones, pero ¿no tiene también un deber de residencia que está incumpliendo?».
Y fue precisamente esa posibilidad, aunque quizá un tanto rebuscada, la que me llevó a preguntarme en qué consiste actualmente el deber de residencia de los notarios, qué exige realmente la legislación y cómo ha evolucionado su interpretación por parte de la Dirección General.
Asà que decidà estudiar la cuestión y, para ello, recurrà a la inteligencia artificial.
Todo lo que sigue ha sido elaborado por la inteligencia artificial, con algunos ligeros matices y correcciones por mi parte. Me ha parecido que el resultado merece la pena compartirlo, porque permite hacerse una idea bastante clara de cuál es la situación actual de una obligación que, al menos en su formulación tradicional, puede dar lugar a más de una duda.
El deber de residencia de los notarios sigue existiendo, pero se encuentra considerablemente atenuado respecto de su configuración tradicional, tanto por la evolución normativa como por la interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
-
El deber de residencia sigue establecido legalmente
El artÃculo 7 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 establece:
La residencia habitual de los Notarios ha de ser el punto designado en la creación de su respectivo oficio.
Por su parte, el artÃculo 42 del Reglamento Notarial dispone:
El Notario deberá residir en el lugar en que esté demarcada su NotarÃa.
Por tanto, el deber de residencia no está derogado, ni expresa ni tácitamente.
La cuestión es determinar qué debe entenderse actualmente por residencia y si dicha obligación exige necesariamente que el notario tenga su vivienda habitual en la población en la que está demarcada su notarÃa.
ArtÃculo 7 de la Ley del Notariado — BOE
ArtÃculo 42 del Reglamento Notarial — BOE
-
La reforma de 1967: desaparición de la exigencia de casa abierta y pernocta
En su redacción original de 1944, el artÃculo 42 del Reglamento Notarial exigÃa que el notario tuviera casa abierta en la población donde estuviera demarcada su notarÃa, en la que habitualmente viviera y pernoctara.
Además, consideraba expresamente incumplido el deber de residencia cuando el notario tenÃa su vivienda habitual en otra población, aunque acudiera diariamente a atender el despacho.
Sin embargo, el Decreto 2310/1967, de 22 de julio, modificó el artÃculo 42 y suprimió esa exigencia concreta de tener casa abierta, vivir y pernoctar en la localidad, manteniendo la obligación general de residencia.
Las reformas posteriores, especialmente la de 1984, no recuperaron aquella exigencia, y tampoco lo hizo la modificación de 2007.
Por consiguiente, la flexibilización del deber de residencia tiene un fundamento normativo que se remonta a 1967 y no responde simplemente a una tolerancia administrativa o corporativa.
Pueden comprobarse ambas redacciones en el BOE:
-
La interpretación de la Dirección General
La Dirección General ha interpretado el deber de residencia como una obligación de atención personal y efectiva del despacho notarial, sin exigir necesariamente que el notario tenga casa abierta o su vivienda habitual en la población.
Esta interpretación aparece en distintas resoluciones de Sistema Notarial:
- Resolución de 1 de marzo de 1990. Su doctrina se encuentra recogida en publicaciones jurÃdicas notariales, aunque no se ha localizado su texto original.
- Resolución de 25 de enero de 2000. Citada expresamente como antecedente por la Dirección General en su Resolución de 8 de noviembre de 2019.
- Resolución de 18 de marzo de 2003. También citada expresamente como antecedente en la resolución de 2019.
- Resolución de 8 de noviembre de 2019. Su texto Ãntegro puede consultarse en el Anuario de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2019, páginas 1601 a 1607.
Especial importancia tiene esta última resolución, dictada con ocasión de un recurso relativo al régimen de guardias del distrito notarial de Alcobendas.
En su fundamento jurÃdico primero, página 1602, la Dirección General interpreta el deber de residencia establecido en los artÃculos 7 de la Ley del Notariado y 42 y 116 del Reglamento Notarial, señalando:
«tal deber no implica el de tener casa abierta sino en la atención personal y efectiva del despacho».
Y cita expresamente, como fundamento de esa interpretación, las Resoluciones de 25 de enero de 2000 y 18 de marzo de 2003.
La resolución añade que este deber, entendido como atención personal y efectiva del despacho, se completa con el régimen reglamentario de ausencias, licencias y sustituciones.
Asimismo, relaciona la obligación de residencia con el carácter público y obligatorio de la función notarial, señalando que el notario debe atender no solo los requerimientos ordinarios, sino también las urgencias acreditadas fuera del horario habitual, incluidos los dÃas festivos, sin perjuicio de que puedan establecerse los correspondientes servicios de guardia.
Esta doctrina resulta especialmente relevante porque desvincula el cumplimiento del deber de residencia de la obligación de habitar fÃsicamente en la población, sin eliminar las obligaciones de atención y disponibilidad propias del servicio público notarial.
Resolución de 8 de noviembre de 2019 — Anuario de la Dirección General, página 1602
En cuanto a la Resolución de 1 de marzo de 1990, su doctrina aparece recogida en la Revista JurÃdica del Notariado, página 163, donde se expone la interpretación del deber de residencia como obligación de atender personal, diaria y efectivamente el despacho, sin exigencia de casa abierta en la población.
Referencia doctrinal a la Resolución de 1 de marzo de 1990 — Revista JurÃdica del Notariado
Debe precisarse que las resoluciones de 2000 y 2003 han podido identificarse mediante su cita expresa en una resolución oficial posterior, pero no se han localizado sus textos Ãntegros, mientras que la resolución de 1990 está documentada mediante una fuente doctrinal.
-
Consecuencias prácticas
De la evolución normativa y de la doctrina administrativa examinada pueden extraerse las siguientes consecuencias:
| Cuestión | Situación actual |
|---|---|
| Mantener el despacho notarial en la población demarcada | Obligatorio |
| Atender personalmente y de forma efectiva el despacho | Obligatorio |
| Tener casa abierta y pernoctar habitualmente en la población | No exigible según la interpretación administrativa del deber de residencia |
| Tener la vivienda habitual en la población | No constituye una exigencia autónoma según esa doctrina |
| Estar empadronado en la población | No se exige especÃficamente para cumplir el deber notarial de residencia |
| Atender las urgencias acreditadas y cumplir los deberes de disponibilidad | Obligatorio, conforme al régimen aplicable de guardias y sustituciones |
La posibilidad de vivir fuera de la población donde esté demarcada la notarÃa no supone una dispensa de las obligaciones inherentes al servicio notarial.
Por tanto, no basta con mantener formalmente abierto el despacho: es necesario garantizar su atención personal y efectiva, asà como el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias.
La distancia entre la vivienda y la notarÃa puede tener relevancia práctica en la medida en que afecte a la disponibilidad del notario o a su capacidad para atender adecuadamente el servicio, pero no constituye por sà sola un criterio determinante del incumplimiento del deber de residencia.
-
Conclusión
El deber de residencia notarial se encuentra considerablemente atenuado respecto de su concepción tradicional, no por una simple tolerancia corporativa, sino como consecuencia de una reforma reglamentaria y de una interpretación expresa de la Dirección General.
Su evolución puede resumirse asÃ:
- 1944: exigencia expresa de residencia fÃsica efectiva, con casa abierta, vivienda habitual y pernocta en la población.
- 1967: supresión de esas exigencias concretas, aunque se mantiene el deber general de residencia.
- 1990, 2000 y 2003: desarrollo de una interpretación funcional del deber de residencia, centrada en la atención personal y efectiva del despacho.
- 2019: reiteración expresa de esa doctrina por la Dirección General, con cita de las resoluciones de 2000 y 2003.
En consecuencia, tener la vivienda habitual en una localidad distinta de aquella en que está demarcada la notarÃa no constituye, por sà solo, un incumplimiento del deber de residencia, siempre que quede garantizado el cumplimiento de las obligaciones propias del servicio público notarial.
Lo verdaderamente exigible es la atención personal, diaria y efectiva del despacho, la adecuada disponibilidad del notario y el cumplimiento del régimen de ausencias, sustituciones, guardias y demás obligaciones reglamentarias.
La distinción fundamental es, por tanto, la existente entre el deber de residencia entendido como obligación de habitar en una determinada población y el deber de residencia entendido funcionalmente como obligación de prestar efectivamente el servicio en la plaza de destino.
La primera exigencia desapareció en los términos estrictos en los que se encontraba formulada reglamentariamente; la segunda permanece plenamente vigente.
Hasta otra. Un abrazo. Justito El Notario. @justitonotario
 |
 |
  |
|
